Los dirigentes chavistas se refugian en España como víctimas

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Una sentencia de la Audiencia Nacional revela los detalles de cómo un alto cargo del gobierno de Venezuela durante los años de Chávez huye del país y pide asilo por «acoso»

Dirigentes del gobierno venezolano en la era del chavismo huyen del país. Personas que ocuparon diferentes cargos en ambas administraciones y, por tanto, responsables de la deriva nacional. Forman parte del éxodo, como los tres millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, según datos de Naciones Unidas, sólo que estos miembros del aparato burocrático abandonan el país en mejores condiciones que los que lo hacen a pie o autobús. No pocos recalan en España, junto a otros emigrados. Los carecen de permiso de residencia y trabajo buscan la figura del asilo humanitario o político como una forma de solventar su situación irregular, al agotarse la estadía con visa de turista. La casi totalidad de estos casos eran rechazados por el Ministerio del Interior pero desde mediados de este año incluso los dirigentes chavistas logran quedarse por «razones humanitarias», ésas que con su hacer contribuyeron a desmantelar en el país del que ahora escapan, Venezuela.

Una sentencia de la Audiencia Nacional española, donde se recurren las denegaciones de asilo, revela cómo un alto funcionario del chavismo alude a la persecución y el acoso entre las propias filas del gobierno para pedir refugio en España. Un caso extrapolable, un símbolo de los más de diez mil peticiones de asilo registradas el año pasado. En dependencias madrileñas el 15 de septiembre de 2015, la solicitante de asilo aseguró que era «directora de línea» del Ministerio de las Comunas y Protección Social. «Me involucré mucho en el proyecto revolucionario con el presidente Chávez, unos cinco años», declaró.

Empleados públicos en manifestación

La mujer nacida en Maracaibo en 1967 se definió como la mayor de tres hermanas, criada en una familia de clase obrera del Zulia, licenciada en Artes Plásticas con una beca concedida por el gobierno de Chávez en 1999 y otra oferta de estudios de posgrado que rechazó una década después. Dueña de una casa en Caracas con una «maravillosa» vista a El Ávila desde hace 17 años -es decir, se trasladó a la capital ya con el gobierno chavista-, esta museóloga cuyo nombre se mantiene en reserva en la sentencia publicada asumió un «gran compromiso político de transformación comunitaria» y con «militancia política creyendo que el proyecto nacional Simón Bolívar generaría grandes transformaciones en la sociedad». Sus responsabilidades como directora consistían en «proporcionar herramientas de integración comunitaria» y el «fortalecimiento de valores» a través de las «artes y acciones culturales». Con el gobierno de Maduro, dijo esta hija de una maestra y un comerciante, «se retomaron viejas costumbres» y «todos los recursos se diluyeron».

«No puedo vivir allí»

En su petición de asilo, la solicitante de asilo mantuvo que regresar a Venezuela «supondría enfrentarse a un riesgo real». Riesgo de categoría «grave». Las causas de tal peligrosidad a su integridad física las describió en su declaración: le quitaron el teléfono «corporativo», le apagaron el aire acondicionado de su oficina -donde «atendía a los artistas que llegaban de los recorridos por las comunidades»-, le cambiaron la cerradura, le quitaron la custodia, la reubicaron en otro departamento gubernamental al «eliminar su programa social».

Cantante popular con dos fans

De su relato se deduce que, a pesar del «acoso» y las «imposiciones», intentó preservar los privilegios del cargo y solicitó ver al «director general», que no la atendió. Afirmó que cuando se negó a ir a una manifestación de apoyo a Maduro, «me piden la renuncia» y «renuncio sin mayor problema porque era un cargo de libre remoción». Aseguró que otra fundación del gobierno le ofreció un puesto, pero que el ministro de Cultura de la época, Reinaldo Iturriza, impidió su contratación, y que, cuando buscó empleo en el sector privado, la rechazaron y tildaron de «chavista».

-¿Tuvo alguna amenaza explícita? -le preguntó el funcionario español.

-Explícita, no. Simplemente me acosaron laboralmente por mi posición política -respondió ella.

-¿Por qué eligió España?

-Porque mi hermana está aquí y me manejo bien en este país. Creo que es un buen país para vivir dignamente y comenzar de cero, porque en Venezuela tengo piso y bienes, pero no puedo vivir allí en la situación que tengo.

-¿Desea añadir algo más?

-Jamás pensé que iba a estar en esta situación.

Relato ambiguo

Como prueba de su denuncia, la dirigente chavista presentó su pasaporte, que «no puede considerarse prueba o indicio de la persecución alegada», se lee en la sentencia. Un documento que, además, utilizó para salir del país, lo que es «contradictorio con las alegaciones de persecución». En marzo de 2015, el Ministerio del Interior denegó el derecho al asilo y protección subsidiaria de la dirigente chavista, debido a que «no se puede decir que su perfil laboral y su formación profesional correspondan a grupos específicos perseguidos» y que nada indica «que haya una persecución personal e individualizada». Su relato «inconcreto y ambiguo» y su «conducta posterior a la llegada a España» (pedir refugio cinco meses después de llegar), opinan los jueces, «desvirtúan» sus propias alegaciones y permite «dudar de la necesidad de protección subsidiaria».

Pintores de retratos de tiza

En la sentencia de la Audiencia Nacional se describe la realidad que hace huir a millones de venezolanos. Una situación de la que los dirigentes chavistas, de todas las esferas y posiciones, han sido cómplices por activa y pasiva, con actuaciones que van mucho más lejos que la omisión o el silencio. «Entre los problemas más importantes de derechos humanos se incluyen los homicidios extrajudiciales perpetrados por las fuerzas de seguridad, incluidos los ‘colectivos’ patrocinados por el gobierno; tortura por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y amenazantes para la vida; detenciones arbitrarias generalizadas; y prisioneros políticos (…) homicidios ilegítimos o motivados políticamente (…), los derechos a la salud y la alimentación se siguen vulnerados gravemente sin perspectivas de que esto tenga un fin». Los magistrados concluyen: «No puede afirmarse que exista una situación de violencia generalizada en Venezuela y que, siendo cierto que existen detenciones irregulares, parecen referirse a personas que participan de forma activa en el conflicto, lo que no ocurre en el caso de la solicitante».

Cambio de criterio

Frente a la apelación redactada por la abogada española Mónica Pucci Rey, el tribunal reconoce que su primera intención era ratificar la denegación de asilo, como se suele hacer en las más altas instancias: sólo en los primeros dos meses de 2018 se ratificó la denegación de asilo a más de media centena de venezolanos que acudieron al Tribunal Supremo. Sin embargo, antes del presente fallo Acnur emitió una petición a todos los Estados, en la que solicita brindar protección especial a los venezolanos «que les permita una estancia legal», incluyendo una protección temporal o acuerdos de estancia que paralicen procedimientos de expulsión o deportación y renueve permisos de residencia.

En el caso de los dirigentes chavistas que huyen de las consecuencias de su propia gestión, los organismos internacionales les brindan así las garantías y la compasión que ellos no dieron desde sus cuotas de poder, o que directamente negaron a la población por razones de autoritarismo político. De esta manera, la dirigente chavista que solicitó asilo en España encontró una grieta en junio de 2018 cuando se anuló la resolución que le había denegado el refugio solicitado. Así, el alto tribunal español «cambia de criterio» y autoriza la residencia de la dirigente chavista por «razones humanitarias».